La defensa de la exinspectora de policía de Soledad, Neisy Esther Cantillo Del Toro, recalcó que su prohijada ya "no es funcionaria pública en ninguna entidad", por lo que solicitó que no se cobije con medida de aseguramiento en el proceso de robo de tierras en Soledad.

"No ejerce ningún cargo público, por lo que no podrá modificar o destruir la evidencia durante la actual acción penal. ¿De qué forma la doctora Neisy podrá destruir esas supuestas o pruebas que tiene la Fiscalía?", se preguntó el abogado defensor Marco Antonio Gutiérrez durante la audiencia de este martes contra los 17 capturados.

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El representante de la exinspectora de policía expuso que desde febrero de 2021 no ejerce su función, por ende "no puede haber continuidad del supuesto accionar delictivo". 

También entregó al Juzgado 102 Penal Municipal de Control de Garantías un certificado de la Junta de Acción Comunal de La Loma, Soledad, que acredita que tiene 50 años viviendo en este municipio, por lo que "hay una arraigo de parte de Cantillo".

El abogado expuso que Neysi Esther no tiene antecedentes judiciales, es mayor de 70 años y recalcó un supuesto error de la Fiscalía al definir la denominación de esta presunta red de robo de tierras.

"En las primeras audiencias, cuando el pasado juez le preguntó si se trataba de GDO (Grupo Delictivo Organizado), esta dijo que era una red, no habló de un GDO", expuso.

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Además, fue enfático en decir que "en los allanamientos y registros, como el que se presentó en su casa, no se encontraron armas de fuego, municiones o panfletos". 

Gutiérrez catalogó de "show mediático" el proceso y que el ente acusador "no acreditó ni individualizó por qué son un peligro para la sociedad". 

"La Fiscalía solo hace generalizaciones y abstracciones que pudieran minar la seguridad pública de los aquí imputados, la ley es clara, debe abstener de estas generalidades y abstracciones", argumentó.

La Fiscalía explicó en su intervención que Cantillo Del Toro, como inspectora de policía, habría firmado varios documentos para supuestamente cometer este ilícito, incluyendo decisiones de protección del inmueble.

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Presuntamente buscaban favorecer al supuesto agente corruptor Ismael Cárcamo en el terreno Ciudad Salitre, de Soledad, el cual pertenecería a la constructora Amarilo.

El ente acusador presentó interceptaciones en las que supuestamente le solicitaba predios para cometer estos ilícitos.